Eduardo Bautista demanda a la SGAE por despido improcedente

Eduardo Teddy Bautista, presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hasta el pasado 12 de julio, cuando abandonó la entidad, ha interpuesto una demanda laboral contra esta sociedad en Magistratura por despido improcedente. Bautista solicita una indemnización de 800.000 euros -dos años de salario-. La decisión de Bautista se estudiará mañana martes en la reunión que tiene previsto celebrar la actual comisión gestora de la sociedad.

Sabino Méndez, portavoz de la actual junta directiva de la SGAE, ha confirmado la noticia. “Hace cosa de un mes ya nos comunicó su intención de que quería hacerlo”. “Le instamos a que reflexionara, algo que creemos importante sobre todo con la que está cayendo”, comenta Méndez, quien pensó, como otros miembros de la junta, que Bautista lo dijo porque estaba en un momento “caliente”. La decisión de Bautista le va a enfrentar a sus antiguos compañeros de la junta directiva: “No encontramos razonable que lo haga, después de todo lo que ha pasado”, añade Méndez.

Bautista, que dejó su cargo tras destaparse una trama de desviación de fondos de la entidad, anunció cuando dejó su cargo que se iba “como presidente del consejo de dirección de la SGAE”, pero ahora parece que ello no significó que dejara la entidad. De hecho él siguió yendo al despacho unos días y también intentó hacer uso de algunas prerrogativas que tenía en su cargo anterior. La marcha de Bautista se produjo en la primera reunión de la nueva junta directiva -salida de las elecciones del 30 de junio-. Entonces afirmó que se iba para no perjudicar a la casa.

Detenido el 1 de julio

Teddy Bautista y otras ocho personas fueron detenidas el 1 de julio en la operación policial que llevó a cabo la Guardia Civil tras un registro en la sede de la entidad en Madrid. A Bautista se le acusaba de un presunto delito de apropiación indebida en relación con una causa que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. El caso, denominado Operación Saga, lo dirige el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Según el juez, Bautista “consintió e impulsó” que la supuesta trama de corrupción siguiera funcionando. Por ello se enfrenta a 10 años de prisión por supuestos delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta así como a un delito societario. Bautista fue músico, compositor y actor, pero dejó estas actividades para incorporarse a la sociedad de autores en 1977. En 1995 fue nombrado presidente, cargo que ha desempañado hasta que la comisión gestora lo apartó, aunque sin llegar a expulsarlo de la entidad. Desde el 3 de julio está en libertad con cargos.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Eduardo/Bautista/demanda/SGAE/despido/improcedente/elpepucul/20111024elpepucul_7/Tes

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El abogado de Dorribo dice que puede ‘acreditar’ su acusación sobre Blanco

El abogado del empresario lucense Jorge Dorribo, Ignacio Peláez, ha asegurado este viernes que su cliente le ha confirmado que “va a tener la capacidad de poder acreditar” que lo que ha dicho sobre el ministro de Fomento, José Blanco, a quien ha acusado de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favores, “es verdad”.

En este sentido, Peláez ha aseverado, en declaraciones a Onda Cero que su cliente “está deseando” que el también portavoz del Gobierno interponga contra él una querella por calumnias, tal y como ya ha anunciado, porque ello le daría el derecho de “acreditar y demostrar que lo que dice es verdad”.

“Yo estoy deseando que lo haga y mi cliente también porque, si es así, mi cliente, querellado como calumniador, tiene derecho a lo que se denomina la ‘exceptio veritatis’, es decir, a acreditar y demostrar que lo que dice es verdad”, ha señalado, para añadir, sin embargo, que hasta que no se cierre el procedimiento judicial actual no podrá interponer la querella.

La credibilidad de Dorribo

Asimismo, el letrado de Dorribo ha criticado que se esté acusando al industrial de no tener credibilidad por haber estado en la cárcel. “Lo que no acepto que se me diga que mi cliente no tiene ninguna credibilidad porque es un delincuente y ha estado en la cárcel, y en cambio un señor como Bono tiene toda la del mundo. Desde luego están al mismo nivel y para mítienen exactamente la misma credibilidad“, ha defendido.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/07/espana/1317978332.html?a=48a515f5cd318b68def0e1d31f458e5b&t=1317991182&numero=

Dimite un parlamentario gallego del PP acusado de recibir comisiones ilegales

Un empresario confiesa al juez pagos a Blanco y dos diputados de PP y BNG

Pablo Cobián ha presentado su renuncia en el Parlamento gallego y ha entregado también su acta de concejal por Oleiros.

El diputado del PP en el Parlamento gallego, y concejal en el ayuntamiento coruñés de Oleiros, Pablo Cobián, acaba de presentar su dimisión después de que el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de Nupel y detenido en mayo, lo acusase de recibir 200.000 euros a cambio de realizar gestiones ante la Xunta.

En su comparecencia el pasado 8 de agosto ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, que investiga la llamada Operación Campeón de fraude en la concesión de ayudas públicas, Dorribo implicó también en la trama al Ministro de Fomento, José Blanco (PSOE), y al exconselleiro de Industria de la Xunta de coalición entre socialistas y nacionalistas y diputado, Fernando Blanco (BNG). La información la ha publicado hoy el diario El Mundo.

Cobián emitió a media mañana un comunicado en el que se declara “inocente” y en el que, a la vez, justifica su dimisión “por respeto a los ciudadanos” que lo han votado y para “no perjudicar” a su partido, informa Europa Press. José Blanco y Fernando Blanco han mostrado su rechazo a abandonar sus cargos y han tildado de “falsedad” la declaración del empresario Jorge Dorribo.

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/04/actualidad/1317732134_212110.html

La Junta deposita en el juzgado las actas de todos los consejos de Gobierno desde 2001

Funcionarios de la Junta de Andalucía acompañados por agentes de la Policía Autonómica han entregado sobre las 13.00 horas de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que se encarga del caso de las presuntas irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, todas las actas de los consejos de gobierno que habían sido reclamadas por la magistrada Mercedes Alaya en el marco de la investigación.

La entrega de las actas se produce un día después de que el propio Consejo de Gobierno de la Junta acordarse remitir dichas actas a la juez “levantando su carácter reservado de cara a la investigación” en cumplimiento de la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo (TS), que concluyó que las actas “son públicas y no tienen carácter reservado”, por lo que consideraba improcedente la negativa inicial de la Junta a remitir las actas a la juez.

Según explicó este martes en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, este acuerdo supone “remitir al Juzgado de Instrucción las actas levantando el carácter reservado de aquellas materias impropias reconocidas en la sentencia exclusivamente de cara a la investigación judicial”, con lo que “se zanja este conflicto, ya que las actas se remiten al cien por cien, hasta la última coma de los contenidos de todos los acuerdos del periodo solicitado”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/28/andalucia/1317212308.html

Detienen al exalcalde de Ronda como presunto autor de un delito de corrupción urbanística

El exalcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara (PSOE), ha sido detenido como presunto autor de un delito de corrupción urbanística en el municipio, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan nuevas detenciones. Agentes de la Policía Nacional llevan registrando tanto la sede del Consistorio como la delegación de Urbanismo desde primeras horas de la mañana de este martes.

Se trata de una investigación por presunta corrupción urbanística. La causa ya se encuentra judicializada y desde hace al menos un año la Fiscalía Anticorrupción está investigando determinadas operaciones urbanísticas.

Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.

Investigan al gobierno anterior

Según la actual alcaldesa del municipio, María Paz Fernández (PP), las actuaciones están relacionadas con el equipo de gobierno anterior. De hecho, ha informado de que los registros comenzaron a realizarse en los despachos del detenido, así como del ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras,María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara.

http://www.20minutos.es/noticia/1170066/0/policia-registro/ayuntamiento-ronda/urbanismo/

Los motivos de Camps para dimitir

Presiones familiares y dudas sobre el futuro apoyo de Rajoy

Fabra será ‘president’ como fue escogido alcalde en 2005: sin pasar por las urnas

Francisco Camps tomó la decisión de dimitir de la presidencia de la Generalitat ante la presión ejercida por su familia y debido a las dudas sobre el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy, una vez se hubiera declarado culpable por el delito de cohecho pasivo impropio que se le imputa en la ‘causa de los trajes’ del denominado ‘caso Gürtel’, según interpretan diversas fuentes cercanas al ex jefe del Consell.

La actuación de Camps el miércoles, cuyo entorno llegó a comunicar que acudía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declararse culpable después de que ya lo hubieran hecho el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, para después cambiar de opinión y anunciar su dimisión horas más tarde ha dado lugar a diversas interpretaciones.

Desde que el pasado viernes el juez Flors decidiera abrir juicio oral por la causa de los trajes para Camps, junto a Betoret, Campos y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa, por haber recibido presuntamente regalos de la trama Gürtel, se especulaba con la posibilidad de que los cuatro imputados aceptaran su culpabilidad con el fin de evitar el banquillo y someterse al veredicto de un jurado popular.

Al parecer los cuatro imputados habían pactado acudir a lo largo de la mañana del miércoles al TSJCV para reconocer su culpabilidad y admitir que recibieron regalos de la trama corrupta, según han informado fuentes conocedoras del acuerdo, pero sólo Campos y Betoret lo hicieron.

Camps ha estado desde el viernes estudiando sus posibilidades con miembros del partido y con su familia al saber que el juez había decidido celebrar el juicio. Desde el primer momento contactó con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y estuvo todo el fin de semana en contacto con el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, quien ha actuado de enlace con el PP nacional.

Ante la situación, Trillo se desplazó el lunes a casa de Camps donde se encontraba también su mujer y unos amigos y estuvo orientándole “un poco lo que fue la toma de decisión, que fue por él mismo, no por nadie más”, según ha explicado.

Aunque asegura que Camps vio clara la decisión de dimitir de su cargo la noche del martes y que en torno a las ocho y media de la mañana del miércoles se lo comunicó al presidente de su partido, Mariano Rajoy, la tensión que se vivió el miércoles por la mañana con la decisión de Campos y Betoret de declararse culpables y el anuncio de que Camps también lo iba a hacer mientras que Costa no se decidía, hace pensar que no era una determinación firme.

La razón que ha llevado a Camps a no aceptar la culpabilidad y aceptar un juicio con jurado no es única, según han señalado diversas fuentes que apuntan a motivos personales pero también a las dudas que le suscitó el apoyo de Rajoy a su permanencia en la presidencia de la Generalitat una vez aceptado el delito de cohecho pasivo que supone, además de una multa, tener antecedentes penales.

La pena por este delito no supone inhabilitación, por lo que, al reconocer la culpa, podría haber permanecido de presidente de la Generalitat pero su situación política hubiera sido “insostenible” y “muy difícil de mantener” en un escenario de unas posibles elecciones generales adelantadas, según han coincidido diversas fuentes.

Además, para poder evitar el juicio hubiera sido necesario que los cuatro imputados reconocieran su culpa y Costa, del que no ha transcendido si finalmente lo hubiera aceptado, se había mostrado receloso desde un primer momento en hacerlo ya que esto supondría tener antecedentes penales, lo que complicaría su posición en el caso de la financiación irregular que se deriva también del caso Gürtel.

Los precedentes de Costa y Ripoll

Sobre la actuación del PP nacional, algunos de los dirigentes consultados han recordado lo que pasó cuando finalmente Costa tuvo que dimitir de secretario general del PPCV al verse implicado en el caso Gürtel por la presión ejercida desde Génova y la no reelección de José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante después de haber asegurado que contaba con el aval de Génova para repetir en el cargo.

Ahora Camps, fuera de la Generalitat y del partido, espera dedicar más tiempo a su familia y poder preparar con tranquilidad su defensa ante un juicio que previsiblemente se podría celebrar en otoño.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/21/valencia/1311270142.html

El director del puerto de Palma, detenido en un caso de corrupción

El funcionario director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y director del puerto de Palma, Ángel Matías, fue detenido por orden judicial este martes en Palma, en una segunda fase de la investigación del caso Mar Blau, que alude a supuestas actuaciones delictivas en las adjudicaciones de la explotaciones de amarres y marinas en los puertos de interés general de Palma, Mahón e Ibiza. Este caso estalló en diciembre pasado tras dos años de indagaciones previas. En la causa está imputado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El grupo de delincuencia económica de la Policia Judicial actúa en este asunto bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la tutela del juez de instrucción Antoni Rotger. Se indagan las posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa. Están inculpados desde hace seis meses otros funcionarios y empresarios, entre ellos el expresidente de la Autoridad Portuaria, el expolítico y empresario Juan Verger, del PP, y el actual responsable de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay, ingeniero y expolítico del PSOE.

http://politica.elpais.com//politica/2011/06/14/actualidad/1308058453_653946.html